Por una atención libre de victimización secundaria en casos de la violencia sexual (El Salvador – UNFPA, 2013)

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Por una atención libre de victimización secundaria en casos de la violencia sexual (UNFPA, 2013)

Una producción del Proyecto – Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia de Género – Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Sector Justicia, ejecutado por la UTE, en el marco del Programa Conjunto Reducción de la Violencia y Construcción de Capital del Sistema de Naciones Unidas,  bajo la coordinación directa del UNFPA en El Salvador, con el  auspicio del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, otorgado por el Gobierno de España.
El Salvador,  2013.

I. Introducción
La violencia sexual en El Salvador es una problemática que reviste mucha preocupación, ya que culturalmente se reproduce, se justifica y se mantiene afectando, predominantemente, a las niñas y las mujeres. Muchas han sido las instancias que han señalado el impacto económico de este tipo de violencia, y no se pone en duda que el
impacto humano intangible, como lo es el daño emocional y psicológico, puede tener un efecto devastador e invaluable.

Naciones Unidas ha señalado que es un desafío para El Salvador, en materia de convivencia ciudadana, que se adopte un enfoque de género para desarrollar planes, programas y políticas que prevengan y reduzcan la violencia en la sociedad salvadoreña, la cual se explica, en gran parte, por las desigualdades de género y una cultura patriarcal que genera muchas formas de discriminación y violencia, en su mayoría contra las mujer y la niñez salvadoreña.

Históricamente, el sistema procesal se ha centrado en el aspecto punitivo del delito de violencia sexual y se ha desvinculado del aspecto emocional de la víctima, lo que explica, en gran medida, que el bien jurídico dañado se limite o reduzca a un componente físico o material tangible, ignorando que formas de violencia como la sexual tienden a generar daños intangibles que no solo afectan a la víctima, sino también a sus familias. Este sesgo se refleja en el nivel estructural de un sistema jurídico administrativo y en el ámbito personal, es decir, en la forma en que las/los profesionales del sistema perciben a la “víctima”, cuestionándola o culpándola. Se habla entonces de la teoría del mundo justo donde los juicios y prejuicios deciden quién es y quién no es (o no parece ser) una víctima
porque sus características encajan o no dentro de un esquema preconcebido que no permite percibir de manera integral a la víctima, con sus condiciones o factores que la hacen vulnerable.

Dichos paradigmas conducen a la estigmatización de la víctima por parte de operadores del sistema de justicia y de salud, negándoles la atención debida a la cual, por ley, tienen derecho y, consecuentemente, discriminándola. Es común la situación en la que las víctimas de violencia sexual no son referidas al sistema de salud para sus respectivos cuidados médico preventivos así como tampoco se les incorpora a un sistema de orientación médica o psicológica terapéutica de corto, mediano o largo plazo. También es usual que la víctima revela el abuso no por ser este el motivo de consulta, sino por sospechas de infección o enfermedad, o bien, por sospechas de embarazos. Lo anterior justifica aún más que los operadores del Sector Salud cuenten con información sobre la no revictimización y un proceso de revisión del rol de la víctima dentro del fenómeno criminal.

Por otro lado, hay que señalar que la evolución del concepto “víctima” ha estado íntimamente relacionado con la evolución de conceptos como “el bien tutelado, el daño, los derechos humanos, los derechos de la niña, el niño y el adolescente, el enfoque victimológico”, que exigen cambios en los paradigmas tales como el de la situación irregular, la teoría tipológica que habla de una víctima responsable o de una víctima cuyas características son causa de un hecho de violencia sexual. Por el contrario, los nuevos modelos nos permiten analizar, de manera integral sus condiciones o factores de riesgo.

En la historia de la jurisprudencia salvadoreña, se observa la visión hacia las víctimas sobrevivientes de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y, sobre todo, la concepción que se tiene sobre el rol de la víctima sobreviviente y el victimario. García‐Pablos cita al respecto: “La víctima del delito ha padecido un secular y deliberado abandono siendo drásticamente neutralizada por el sistema legal moderno. En el denominado estado social de derecho aunque parezca paradójico, las actitudes reales hacia la víctima del delito oscilan entre la compasión y la demagogia, la beneficencia y la manipulación”. En efecto, los testimonios de las víctimas son, como lo refiere el mencionado autor, no solo la llave para la puesta en marcha del sistema legal, sino también un testigo con vivencias y percepciones sobre la actuación de los agentes del sistema en sus diversas fases (policía, proceso, administración, etc.).

Por lo anterior, el sistema no puede ser indiferente a las percepciones y actitudes que la víctima posea respecto de las diversas instancias que lo componen. Es aquí donde merece la pena mencionar que la víctima, además de cumplir con un papel y un rol que ha sido muchas veces explicado científicamente, también experimenta problemas y aspectos negativos que pueden generarle un daño agregado o mayor al que ha producido cualquier evento de violencia que haya sufrido.

Diversos autores y movimientos que han impulsado el enfoque de la victimología se han referido a este último fenómeno definiéndola como “revictimización secundaria”. Una vez transcurre el hecho delictivo, todas las miradas se dirigen, por un lado, a quien causó el daño y a que este reciba un castigo garantizándose todos los derechos procesales establecidos por la ley. Sin embargo, la víctima, quien debería recibir la mayor atención, generalmente es ignorada, señalada y hasta culpada; en el mejor de los casos, lo más que recibe es compasión, pero finalmente es sometida al olvido incrementándose y perpetuándose daños físicos, económicos, sociales y psicológicos derivados de la primera victimización.

Muchos autores coinciden en definir la revictimización secundaria como las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, relaciones que constituyen un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional, pues se constata una pérdida de comprensión acerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo. Esto deja desoladas e inseguras a las víctimas y genera una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a sus necesidades (Reuter, 2006; Soria, 1998; Landrive, 1998).
Asímismo, la revictimización secundaria se entiende como una segunda experiencia victimal que resulta algunas veces siendo más negativa que la primaria —violencia sexual— y puede llevar a incrementar el daño causado por el delito con otros de dimensión psicológica o patrimonial.

La psicología de la víctima, como una subdivisión de la psicología jurídica, aporta los modelos teóricos cuyos elementos científicos permiten comprender y dimensionar la “histórica intangibilidad” del daño causado, entendiendo este como la vulneración a la indemnidad e integridad humana. La clínica psicológica forense establece los diversos síntomas de afectación causados por eventos de naturaleza violenta y sexual que pueden generar daños temporales o irreversibles en la condición psicológica de una víctima, a través de sus distintos métodos de evaluación.

En su mayoría, los críticos y especialistas opinan que la revictimización, la cual no es intencional pero sí muy dañina, puede prevenirse a partir de estándares de actuación operativa y administrativa, y que la información y la capacitación constante transforman los paradigmas y proponen nuevos enfoques de visualizar y tratar a una víctima de violencia sexual, cuya esfera cultural, social y moral producen un reduccionismo de su situación emocional al punto de invalidar su participación, negándole sus derechos y causándole más daño.

En El Salvador, investigaciones provenientes de instituciones civiles y organizaciones no gubernamentales alrededor de la problemática de violencia sexual ponen al descubierto los factores que determinan la revictimización por parte del personal operador de justicia, y concluyen que el problema, a pesar de ser obvio, requiere una mejor respuesta por parte del Estado. Los estudios diagnósticos revelan que son diversos los factores que facilitan la revictimización secundaria a lo largo del proceso judicial, unos de carácter estructural, otros inherentes a aspectos culturales, un sistema de valores y creencias que logran permear la actitud de las/los profesionales y se concretan en acciones o conductas revictimizantes, sin dejar de lado el factor estresante o de desgaste emocional que sufre el operador ante la cantidad de demandas de víctimas, cuyos casos debe investigar, orientar y atender en determinadas circunstancias de ambiente laboral y recursos para realizar sus funciones.

El presente documento constituye una propuesta de guía metodológica para capacitar a operadores del Sector Justicia sobre el fenómeno de la revictimización secundaria, teniendo como objetivo central, conocer sus elementos, los factores que la determinan y las formas de prevenirla.

Acesse o documento na íntegra em pdf: Por una atención libre de victimización secundaria en casos de la violencia sexual (UNFPA, 2013)