Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio (OACNUDH, 2012)

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Fiscalía General de la República, El Salvador
San Salvador, 2012

Redacción y preparación de texto: Noris Marlene Flores Urquiza, Patricia Olamendi Torres, Consultoras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asesoría: Lucía Margarita Zambrano Varón, Asesora Regional, Derechos de la Mujer y Género, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio (OACNUDH, 2012)

Presentación

La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son universales, interrelacionados, interdependientes e indivisibles. A partir de estos principios se ha desarrollado un marco normativo internacional que obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación.

El acceso a la justicia constituye un derecho humano garantizado en todos los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos, la cual incluye la prevención, la investigación, la sanción y la reparación. La Resolución sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en 2010 (A/HRC/15/L.15) exhorta a los Estados a cumplir sus obligaciones y compromisos internacionales de derogar las leyes que discriminan por razones de sexo y “poner término a los prejuicios sexistas en la administración de justicia, teniendo en cuenta que esas leyes vulneran el derecho humano de la mujer de contar con protección contra la discriminación”.

En su Recomendación General 19, el Comité de la CEDAW en 1992 había señalado que la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”. En consecuencia, el Comité señaló igualmente que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.

Tal como indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 16 de noviembre de 2009 —Caso González y Otras— (“Campo Algodonero”), los Estados deberán eliminar todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, “y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos”. Esto es, ante los casos de violencia contra la mujer, el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponer las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

Por lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha elaborado el Protocolo de actuación para la investigación del delito de feminicidio.

Ha tomado en cuenta la Constitución de la República de El Salvador y los tratados internacionales ratificados por el país, por constituir leyes de la República, según lo establece el artículo 144 de ese cuerpo legal. El Protocolo recoge la normativa y los estándares internacionales de derechos humanos, tanto del sistema de protección de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano y señala de manera especial la jurisprudencia relativa a la investigación en casos de muerte violenta de mujeres.

La Sección Uno presenta el análisis del delito de feminicidio de acuerdo a la legislación nacional. Se incluyen las diligencias de investigación que el personal de justicia está obligado a realizar en apego a sus atribuciones y se traza la ruta crítica para la adecuada recolección de evidencias, el mantenimiento de la cadena de custodia, la realización de peritajes mediante técnicas de la investigación criminal para comprobar la existencia del delito y establecer la participación y responsabilidad del probable o probables responsables y para finalmente preparar el caso para su enjuiciamiento y sanción.

La Sección Dos expone el marco jurídico nacional que incluye la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que tipifica el delito de feminicidio y feminicidio agravado, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y el Código Procesal Penal. Inmediatamente se explicitan las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño y finaliza con el marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres.

Con el presente Protocolo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrece a El Salvador y, en particular, a quienes están a cargo de la administración de justicia, policía, personal pericial, forenses y profesionales del Derecho entre otros, orientaciones para llevar a cabo la investigación del delito de feminicidio con la debida diligencia, garantizando así el acceso pleno de las mujeres a la justicia. Expresamos nuestro reconocimiento al equipo de profesionales que participaron en su validación en el marco del Diplomado “Atención e investigación de la violencia basada en género, con énfasis en violencia sexual: Acceso a la justicia con dignidad” auspiciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su compromiso de continuar su labor de promoción y protección de los derechos humanos a través de la difusión de las normas internacionales y de las recomendaciones formuladas por los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado en su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de la mujer.

Carmen Rosa Villa Quintana
Representante Regional para América Central
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Índice general

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

SECCIÓN UNO
INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO: DILIGENCIAS Y TÉCNICAS CRIMINALÍSTICAS

CAPÍTULO UNO
Violencia contra las mujeres
1.1. Análisis del delito de feminicidio
1.1.1 Niveles lesivos de violencia

CAPÍTULO DOS
Diligencias para la investigación del delito de feminicidio
2.1. Actuaciones en el lugar de los hechos
2.2. Actuaciones en caso de detención en flagrancia o en situación
en la que se pone a disposición al probable responsable
2.3. Actuaciones sobre los objetos incautados
Ruta crítica para la investigación del feminicidio: Guía Práctica
Ejemplo de Requerimiento Fiscal con normativa internacional
que protege los derechos de las mujeres

CAPÍTULO TRES
Técnicas de la criminalística aplicadas en la investigación del delito de feminicidio
3.1. Conceptos de la criminalística
3.2. Metodología de la investigación de feminicidio
3.2.1. Procedimiento de intervención en el lugar de la investigación
3.3. Indicios clave dentro de la investigación
3.3.1. Autopsia
3.2.2. Procedimientos de la criminalística aplicados en el probable responsable
3.4. Técnicas de identificación humana
3.4.1. Identificación y búsqueda de indicios en el probable responsable
3.4.2. Exploraciones físicas que deberán practicarse al probable responsable
3.4.3. Toma de indicios en el probable responsable
3.4.4. Perfil de personalidad de la víctima-victimario
Guía de consulta de especialidades técnicas y científicas complementarias

SECCIÓN DOS
MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

CAPÍTULO CUATRO
Marco Jurídico de El Salvador
4.1. Derechos Fundamentales
4.1.1. Constitución de la República
4.2. Leyes de la República
4.2.1. Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres
4.2.2. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres
4.3. Obligaciones del Estado en materia de Investigación de la violencia contra las mujeres
4.3.2. Otras disposiciones

CAPÍTULO CINCO
Marco Jurídico Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres
5.1. Sistema de las Naciones Unidas
5.1.1 Declaración Universal de Derechos Humanos
5.1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
5.1.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
5.1.4. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
5.1.5. Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos Crueles o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
5.2. Sistema Interamericano
5.2.1. Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto de San José”
5.2.2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém Do Pará”
5.3. Obligaciones del Estado ante violaciones de derechos humanos
5.3.1. Jurisprudencia relativa a las diligencias de investigación en casos de muerte violenta de mujeres
5.4. Otras disposiciones
5.4.1. Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO 1. Tratados fundamentales de los que El Salvador es parte
ANEXO 2. Delitos contra la libertad sexual contenidos en el Código Penal

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